Día con día, los mexicanos enfrentamos un problema de interés general cuya solución se había postergado por años: malos servicios en telecomunicaciones. Producto de una socialización mediatizada, los ciudadanos necesitamos más y mejores medios de comunicación, pluralidad en la información y diversidad de contenidos.
Se trata de un problema complejo cuyas causas pueden explicarse en palabras simples: falta de competencia y concentración en el mercado. De acuerdo con el Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, la pérdida anual promedio estimada de bienestar del consumidor derivada de los precios excesivos en telecomunicaciones es del 1.8% del Producto Interno Bruto anual.
Por ello, la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, producto tangible del Pacto por México, es una transformación histórica. Sus resultados pondrán a México a la altura de los países con legislaciones más modernas y eficaces. El objetivo es apuntalar el desarrollo tecnológico del sector, establecer a la radio y a la televisión como verdaderas industrias culturales, y reconocer plenamente el acceso a internet como un derecho fundamental que amplíe nuestra cultura democrática.
Se trata de la voluntad de acuerdo que responde a las demandas ciudadanas; una demostración de que en la Presidencia Democrática no existen fuerzas políticas ni intereses predominantes; es una muestra de las reformas que se convierten en revoluciones del conocimiento y la información.